Cómo liberar el potencial de los datos electorales


Sección 3: Categorías de los procesos electorales clave

Financiamiento de las campañas

Financiamiento de las campañas

¿Qué es el financiamiento de las campañas?

Las elecciones competitivas requieren que los candidatos electorales tengan medios para financiar sus campañas electorales y operaciones diarias. El financiamiento de las campañas, un elemento de financiamiento político más amplio, se refiere a todos los fondos recaudados y gastados con el fin de promover candidatos, partidos políticos o políticas en elecciones, referendos, iniciativas, actividades de partidos y organizaciones partidistas. Las principales características de un sistema de financiamiento de campañas varían considerablemente de un país a otro. En general, existen dos fuentes de financiamiento para los partidos y candidatos: el financiamiento público y el financiamiento privado. Se les pueden aplicar límites a cada uno de estos tipos de financiamiento. Los sistemas también pueden dictar las restricciones sobre el gasto, las reglas para la elaboración y divulgación de informes sobre la información financiera de los contendientes, mecanismos para monitorear y supervisar el cumplimiento o incumplimiento de los reglamentos por parte de los contendientes y las maneras de aplicar sanciones a quienes los violen. Los países pueden adoptar distintos regímenes de financiamiento de campañas basados exclusivamente en financiamiento público, financiamiento privado, o una mezcla de ambos.

¿Por qué es importante el financiamiento de las campañas?

Cuando los contendientes electorales reciben financiamiento público para sus campañas, el financiamiento puede ayudar a nivelar el campo de juego y mejorar la competitividad de las elecciones. También puede reducir las oportunidades que tienen las fuentes privadas para utilizar sus aportaciones de una manera indebida para influir en los candidatos, lo cual es una forma de corrupción política. El financiamiento público de las campañas incluye tanto el financiamiento directo como indirecto de los partidos políticos o candidatos. El financiamiento público directo de las campañas se refiere a los fondos asignados por el Estado a los contendientes electorales. El financiamiento público indirecto se da cuando se les otorga a los candidatos o partidos acceso a algunos servicios gratuitos o a una tarifa reducida, como por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación públicos, el uso de propiedad pública para fines de campaña, la impresión de materiales electorales o el uso de servicios postales públicos. Los recursos del Estado le pertenecen a toda la población y no deben ser empleados en favor de ningún partido ni candidato político. El uso de recursos del Estado en el contexto de una campaña electoral debe considerarse como una manera de aportación al financiamiento de la campaña y reportarse en consecuencia para ayudar a evitar su abuso. La información acerca del financiamiento público directo e indirecto para los candidatos y los partidos durante una campaña electoral les permite a los ciudadanos, contendientes y funcionarios, evaluar si los recursos del Estado se utilizaron de una manera justa y adecuada.

Ejemplo de datos de financiamiento público de campañas

Entre los datos de financiamiento público de campañas se incluye información acerca de las restricciones y los reglamentos para el financiamiento público de las campañas, los montos desembolsados a cada candidato o partido (a través de mecanismos de financiamiento directo de campañas) y los recursos públicos asignados a cada candidato o partido (a través de mecanismos de financiamiento indirecto de campañas).

¿Por qué es importante el financiamiento privado de las campañas?

El financiamiento privado de las campañas electorales fomenta la participación ciudadana en el proceso electoral y les permite a los votantes expresar sus opiniones políticas al apoyar a los candidatos que representan sus intereses. El financiamiento privado de las campañas puede reducir el papel o la interferencia del Gobierno en la realización de las campañas, lo que reduce las probabilidades de que los Gobiernos en funciones manipulen el financiamiento público para su beneficio electoral. El financiamiento privado de las campañas se refiere al financiamiento o la entrega gratuita o a precios reducidos de materiales y servicios (contribuciones “en especie”) de donadores privados, como personas o empresas. Adicionalmente, los partidos políticos pueden realizar donativos a candidatos y los candidatos pueden utilizar sus recursos personales para financiar sus campañas. Los partidos y los candidatos también pueden solicitar préstamos para financiar sus actividades de campaña. Los candidatos y los partidos deben estar obligados a declarar los donativos privados que reciben, incluyendo la fuente, la fecha y el monto donado. El acceso a la información acerca de los donativos de personas y otros donadores privados puede evidenciar cualquier posible conflicto de intereses que el candidato o el partido pudiera tener al momento de diseñar las políticas o servir en el Gobierno. De la misma manera, la información acerca del financiamiento privado de candidatos y partidos, incluyendo las restricciones sobre los donativos individuales, les permite a los ciudadanos, contendientes y funcionarios monitorear las actividades de financiamiento privado de campañas en relación con las restricciones legales.

Ejemplos de datos de financiamiento privado de campañas

Entre los datos sobre el financiamiento privado de las campañas electorales se incluye información acerca de las restricciones y los reglamentos del financiamiento privado de campañas, así como la fuente de los donativos privados y el monto donado y la fecha de la donación.

¿Por qué son importantes los gastos de campaña?

Los gastos de campaña generalmente incluyen todo gasto con fines electorales, ya sea económico o en especie, por candidato o partido durante una campaña electoral. En algunos países existen “topes” o límites en el gasto de campaña para los candidatos y partidos. Estos topes pueden promover la nivelación del campo de juego para los candidatos, pero deben estar equilibrados con la necesidad, igualmente legítima, de proteger otros derechos, como la libertad de asociación y de expresión. El límite máximo de gasto normalmente consiste en una cantidad absoluta o en una cantidad relativa que se determina según factores como la población elegible para votar en una circunscripción específica y los costos de los materiales y servicios de campaña. Independientemente del sistema que se adopte, dichos límites deben definirse claramente en la ley e, idealmente, estar indexados a la inflación para garantizar que sigan siendo pertinentes para las elecciones subsiguientes. Asimismo, las restricciones deben aplicarse a todos los contendientes electorales para evitar que se utilicen como vehículos para burlar los límites del gasto. Se les debe permitir a los contendientes electorales gastar recursos suficientes para transmitir su mensaje político. Las restricciones en los gastos de campaña deben definirse claramente en la ley, y los contendientes utilizan esta información para asegurarse de que actúan dentro del marco de la ley, mientras que los ciudadanos pueden emplearla para hacer que los partidos y los candidatos rindan cuentas. Los datos sobre el gasto al nivel más primario deben incluir información a nivel de transacción, incluyendo el costo y el receptor de los fondos o bienes. Asimismo, los ciudadanos pueden utilizar la información sobre los gastos de campaña para tomar decisiones más informadas entre los candidatos.

Ejemplo de datos de gastos de campaña

En el caso de los gastos de campaña es una buena práctica declarar la fecha, el objetivo, el monto y el receptor de cada transacción.

¿Por qué es importante elaborar informes y divulgarlos?

La elaboración de informes y la divulgación de la información sobre el financiamiento de las campañas electorales hacen que los candidatos y los partidos políticos rindan cuentas, tanto al organismo supervisor del financiamiento de las campañas, como al público en general, sobre la manera en que financian sus campañas. Aunque la frecuencia y el contenido de los informes sobre el financiamiento de las campañas varían, la elaboración de informes por parte de los candidatos y los partidos para el organismo supervisor de las campañas siempre debe ser oportuna y transparente. La ley debe establecer de manera precisa qué informes se requieren, el tiempo con que se cuenta para entregarlos y el método de divulgación pública. Es una buena práctica solicitar informes iniciales, intermedios y finales sobre el financiamiento de las campañas. La entrega de informes al organismo supervisor del financiamiento de las campañas le permite a este monitorear el cumplimiento de las reglas.

Generalmente los candidatos y los partidos deben cumplir ciertos requisitos de divulgación pública cuando compiten por un puesto de elección popular. Esto puede incluir la divulgación de activos y pasivos al momento del registro o durante la campaña. En algunos casos, el organismo supervisor publica información divulgada mientras que en otros casos los candidatos o los partidos deben publicarla por sí mismos. El requisito de divulgación varía de un país a otro y se equilibra con las cuestiones de privacidad y la protección de datos. El acceso a la información sobre el financiamiento de las campañas ayuda a informarles a los ciudadanos acerca del origen del apoyo financiero que reciben los partidos políticos y los candidatos, lo que les permite a los votantes elegir de una manera más informada.

En la mayoría de los países de América Latina las leyes exigen que la información financiera de los partidos y los candidatos se haga pública. Costa Rica tiene un portal electrónico que da fácil acceso a esta información financiera presentada en formatos estandarizados que permiten manejarla fácilmente en un software de datos. En Perú, el reglamento de 2005 para el financiamiento de los partidos políticos obliga a los partidos a informar sobre sus finanzas cada dos meses durante el periodo electoral[1]. La ley electoral de 1997[2] obliga a todos los candidatos a declarar los gastos electorales en un plazo de 60 días contados a partir de que se anuncien los resultados. La información individual, a nivel de resumen, y granular sobre los ingresos y gastos de cada candidato se divulga y está disponible para descargarse en el sitio web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Ejemplo de elaboración de informes y divulgación de datos

Entre los datos relevantes se incluyen las reglas para la elaboración de informes y la divulgación de la información sobre el financiamiento de las campañas, el nombre de quién realiza el informe y divulga la información, y la propia información que se está haciendo púbica. En algunos casos, los propios informes y divulgaciones de los partidos y candidatos pueden estar disponibles para el público. Los reglamentos para la elaboración de informes y la divulgación deben incluir la información que los partidos políticos y los candidatos deben presentar sobre las contribuciones y los gastos de campaña, así como la fecha y la manera en que deben presentarse estos informes. Los requisitos de divulgación pueden incluir la divulgación pública de activos y pasivos al momento del registro o durante la campaña. En cuanto a los datos relevantes para el financiamiento público de las campañas, el financiamiento privado de las campañas y los gastos de campaña, los datos divulgados deben incluir la identidad de los donadores y las fechas, los montos y los tipos de contribuciones y gastos.

Los informes deben distinguir claramente entre el partido como un todo, los candidatos individuales y, cuando sea aplicable, las listas de candidatos. Deben contener suficientes detalles para ser útiles y comprensibles para el público en general. Es una buena práctica para las autoridades presentar una plantilla estándar y una guía para la elaboración de los informes, lo cual permite el análisis oportuno y la comparación significativa entre distintos partidos y candidatos. Los informes deben distinguir claramente entre las contribuciones y los gastos. Asimismo, los formatos para la elaboración de los informes deben incluir el desglose de todas las contribuciones y los gastos en categorías estandarizadas según se define en los reglamentos. Los informes desglosados deben incluir la fecha y el monto de cada transacción, así como copias de los comprobantes de las transacciones (por ejemplo, recibos, cheques, transferencias bancarias y contratos de crédito).

¿Por qué son importantes la supervisión y el monitoreo?

La supervisión y el monitoreo del cumplimiento de las reglas de financiamiento de las campañas son mecanismos importantes para mejorar la transparencia y la implementación eficaz de los reglamentos. Los Gobiernos con frecuencia ofrecen un organismo de supervisión independiente que monitorea la implementación de los reglamentos de financiamiento de las campañas, incluyendo la publicación de los informes. El grado de independencia de la autoridad reguladora varía, lo cual puede afectar la confianza del público en el escrutinio y la eficacia del financiamiento de las campañas. Pueden incorporarse salvaguardas legislativas en las reglas que rigen la selección, la composición y el mandato de la autoridad, a fin de evitar la influencia partidista o la presión del Gobierno. Para aumentar la eficacia, un organismo supervisor también puede tener derecho de emitir directrices y lineamientos, investigar supuestas violaciones a las reglas e imponer o solicitar sanciones. Deben definirse claramente las relaciones entre el organismo supervisor del financiamiento de las campañas y otras autoridades electorales y órganos gubernamentales, así como entre las partes interesadas nacionales y locales. El mandato del organismo supervisor y sus áreas de responsabilidad deben estar claramente delimitados a fin de evitar conflictos de intereses o la superposición de competencias.

El monitoreo oportuno de los informes del financiamiento y los gastos de las campañas por parte del público, los periodistas o las organizaciones de la sociedad civil, les permite evaluar la justicia de la contienda electoral, además de que les permite revisar las posibles influencias sobre los candidatos cuando resulten electos. Adicionalmente, pueden utilizar la información para hacer que el organismo supervisor rinda cuentas, lo cual puede favorecer su desempeño.

Ejemplo de datos de supervisión y monitoreo

Entre los datos de supervisión se incluye información acerca de si cada contendiente presentó su informe a tiempo, tarde, o no lo presentó, si los informes estuvieron completos, así como datos sobre cuáles contendientes están sujetos a sanciones. Asimismo, se incluye información sobre el número de instancias donde se aplicaron las sanciones y si los partidos y los candidatos cumplieron o no las sanciones.

¿Por qué son importantes las sanciones y las apelaciones?

La exigibilidad eficaz de los reglamentos sobre el financiamiento de las campañas es esencial para mantener la integridad del sistema de financiamiento de campañas, fortalecer la confianza del público en el proceso electoral, y hacer que los partidos políticos y los candidatos rindan cuentas. Las sanciones son penalizaciones impuestas por el organismo supervisor del financiamiento de las campañas u otro órgano regulador y, en algunos casos, por un tribunal penal, a los contendientes electorales que violan los reglamentos sobre el financiamiento de campañas. El objetivo de las sanciones es eliminar todo beneficio obtenido por el incumplimiento de la ley, castigar a aquellos que incumplen y disuadir el futuro incumplimiento. En todo momento las sanciones deben estar definidas claramente en la ley o en el reglamento, ser conocidas por el público y los contendientes electorales, ser exigibles y proporcionales a su objetivo específico. Se puede aplicar una variedad de sanciones, incluyendo advertencias, multas administrativas, pérdida parcial o total del financiamiento público, y en el caso de violaciones significativas, la acusación penal. Todas las decisiones deben registrarse por escrito y justificarse, y se les debe informar oportunamente a las partes involucradas sobre la decisión tomada.

Siempre que se imponen sanciones, las partes involucradas deben tener el derecho de acceder a un proceso de apelación y tener un recurso para la revisión judicial de la apelación. El marco legal debe ofrecer fechas límite razonables para la presentación, consideración y resolución de las apelaciones. Con el acceso a la información acerca de las sanciones y las apelaciones, los partidos políticos pueden asegurarse de que sean tratados justamente y también identificar los medios para apelar las sanciones impuestas. Por su parte, los datos sobre todas las sanciones aplicadas les brinda a los ciudadanos información acerca de si los candidatos y partidos están cumpliendo con los reglamentos del financiamiento de campañas y si han recibido sanciones adecuadas por las violaciones, o no. Si cuentan con el acceso a la información de la legislación sobre sanciones, la sociedad civil puede medir si la ley estipula una variedad adecuada de sanciones para enfrentar el incumplimiento. Cuando se une con los datos divulgados, la sociedad civil puede analizar si las sanciones se aplican de una manera imparcial.

Ejemplos de datos sobre sanciones y apelaciones

Los procedimientos para las sanciones y apelaciones, así como la información acerca del proceso en general, deben ser transparentes y accesibles para el público. Los datos relevantes incluyen quién sancionó a un candidato o partido específico, cómo, y por qué, así como qué partidos apelaron la decisión, por qué apelaron y el resultado del proceso de apelación. Los datos deben incluir motivos sustanciales y explicaciones que respalden la sanción y las decisiones de la apelación. Otra información relevante sobre el proceso de apelación incluye toda legislación que defina las maneras legales de apelar las decisiones del organismo supervisor y las fechas límite en las que deben presentarse las apelaciones y dictarse las sentencias.

  1. Artículo 71.
  2. Artículo 183.

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