Seguridad de las elecciones
¿Qué es la seguridad de las elecciones?
En toda elección, las autoridades toman medidas para garantizar que los votantes, candidatos, funcionarios de los centros de votación, observadores y demás actores involucrados en una elección, vivan el proceso libres de temor o daños y para garantizar que los materiales electorales delicados se mantengan seguros. Los requisitos de seguridad específicos para una elección determinada variarán en gran medida dependiendo del contexto. En zonas de conflicto, o donde existe una alta probabilidad de violencia, para asegurar una elección se necesitará abordar una gran cantidad de factores y seguramente implicará desplegar una cantidad relativamente grande de personal de seguridad, como la policía o el ejército, para proteger las instalaciones físicas y a las personas. En toda elección, se implementarán planes para transferir y almacenar de una manera segura los materiales electorales, especialmente las boletas y las urnas. También deben adoptarse salvaguardas para las tecnologías empleadas en el proceso electoral para evitar el hacking o la manipulación.
Las probabilidades de violencia en los periodos electorales dependen de las dimensiones políticas, económicas y sociales de una sociedad. Los planes eficaces de mitigación de la violencia con frecuencia incluyen: identificar las primeras señales de alerta, movilizar las labores de monitoreo ciudadano y mitigación, enviar fuerzas de seguridad debidamente capacitadas, coordinarse entre las dependencias de Gobierno y educar al público, entre otras cosas. Varias instituciones, incluyendo los EMB, ministerios del interior y otros órganos relevantes, pueden participar en la creación de un entorno electoral seguro. Estas instituciones trabajan para desarrollar, implementar y revisar las medidas de seguridad durante todo el proceso electoral. La sociedad civil, a través de las OSC, los sindicatos, los líderes religiosos y tradicionales, y los medios de comunicación, también desempeñan papeles importantes en la creación de un entorno electoral seguro al mediar, fomentar intolerancia hacia la violencia y aumentar la confianza del público en que podrá participar en unas elecciones seguras. En muchos países, como Kenia y Nigeria, los planes para la seguridad electoral toman en cuenta las actividades de este tipo realizadas por la sociedad civil. En Kenia, se incluyó a la sociedad civil y los candidatos electorales en las labores de coordinación a fin de que pudieran contribuir en la formulación de políticas.
La violencia electoral es violencia que pretende influir en la conducta electoral de los votantes, candidatos, funcionarios, u otros actores y/o afectar el resultado de las elecciones. La violencia electoral comprende todo uso de fuerza con la intención de causar daño o la amenaza de usar la fuerza para perjudicar a las personas o los bienes involucrados en el proceso electoral. Normalmente, la violencia electoral ocurre entre, o incluso dentro, de las campañas de los candidatos electorales en un esfuerzo depravado por llegar al poder a través de las elecciones. Las fuerzas opuestas al gobierno democrático pueden atacar objetivos electorales para promover su búsqueda de poder fuera de la contienda electoral. Durante el periodo electoral también puede presentarse otro tipo de violencia basado en resentimientos personales o agravios entre ciertos grupos de la población, aunque no esté directamente relacionado con las elecciones. La planeación de la seguridad de las elecciones tiene que considerar la posibilidad de que ocurran todos estos tipos de violencia y la manera de prevenirlos, mitigarlos o terminarlos al mismo tiempo que se respetan los derechos fundamentales.
¿Por qué es importante la seguridad de las elecciones?
Para que una elección sea incluyente, participativa y competitiva -y en última instancia, para que refleje la voluntad del pueblo- es esencial que los candidatos electorales puedan hacer campaña; que los ciudadanos puedan emitir su voto informado y secreto sin temor a sufrir represalias; que los funcionarios puedan administrar eficazmente el proceso, y que la sociedad civil, los medios de comunicación y los partidos puedan participar y observar libres de temor y daño alguno. En muchos países, los EMB ayudan a coordinar los procesos y al personal para proteger varios aspectos de las elecciones. El plan de seguridad para una elección determinada debe tomar en cuenta las implicaciones de desplegar a personal armado. Si bien puede ser necesario su despliegue donde las probabilidades de violencia electoral son significativas, su presencia puede intimidar o disuadir a los ciudadanos de participar. Las opiniones de la sociedad civil en las etapas de planeación pueden ayudar a garantizar que las inquietudes de los ciudadanos se consideren más plenamente y que estén informados acerca de las medidas implementadas para garantizar su seguridad. Al mismo tiempo, la seguridad electoral requiere de medidas más integrales que el despliegue de las fuerzas de seguridad. El análisis de incidentes pasados y patrones de violencia es vital para asignar los recursos para combatir la violencia. Es necesario identificar los indicios de alerta temprana para tomar medidas preventivas, a la vez que es importante atender los rumores relacionados con incidentes potenciales o reales de violencia electoral para mitigar las posibles reacciones violentas. Con frecuencias esto significa que la información debe estar disponible casi en tiempo real para que se pueda usar eficazmente.
La seguridad física de los materiales electorales también es crucial. Si los materiales delicados -especialmente las boletas y las urnas- no se aseguran adecuadamente, existe la posibilidad de que haya una manipulación real o supuesta, que disminuya la confianza del público en el proceso y la aceptación de los resultados. El público y los candidatos electorales deben estar informados de este aspecto de la seguridad electoral para que tenga confianza en la integridad de las elecciones.
Las instituciones involucradas en el marco de seguridad deben ser transparentes e imparciales y deben ser vistas como tales. Las instituciones judiciales deben ofrecer rendición de cuentas para el marco de seguridad de las elecciones y reparar las denuncias relacionadas con la seguridad de las elecciones y la violencia electoral. En 1997, México formó la Fiscalía Federal Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) dentro de la Procuraduría General de la República y creó una categoría especial de "delitos electorales". La FEPADE se encarga de investigar las acusaciones de los ciudadanos de violaciones electorales y trabajar para prevenir los delitos electorales, lo cual ha hecho principalmente a través del acercamiento a los ciudadanos para crear conciencia de sus derechos electorales.
El público debe ser capaz de ver que se están desarrollando medidas eficaces para brindar seguridad electoral. La información sobre las medidas de seguridad de las elecciones puede reforzar la confianza de los ciudadanos en el proceso y permitir la plena participación como votantes, candidatos, funcionarios de los centros de votación, observadores u otros roles. La sociedad civil y los candidatos pueden analizar las medidas de seguridad implementadas para definir cualquier reforma que sea necesaria más adelante. Al contar con acceso a la información acerca del aparato de seguridad de las elecciones y el proceso de toma de decisiones, la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación pueden asegurarse de que el EMB y/o las fuerzas de seguridad están siguiendo los procedimientos adecuados y desempeñando un papel positivo. Verificar sus propios informes a través de datos oficiales acerca de incidentes de violencia electoral, ayuda a los grupos de observadores ciudadanos a evaluar mejor el proceso desde una perspectiva imparcial. Asimismo, con el acceso a la información acerca de la manera en que se persiguen los delitos electorales y quién es responsable de perseguir los delitos electorales, estos grupos pueden también hacer que las instituciones judiciales rindan cuentas del procesamiento adecuado de los delitos y la atención de las denuncias, así como ofrecer información oportuna y exacta a las víctimas sobre cómo buscar justicia de una manera pacífica por un acto de violencia electoral.
Ejemplo de datos de la seguridad de las elecciones
Los datos de la seguridad de las elecciones incluyen información proveniente de instituciones reguladoras, de seguridad y judiciales. Los datos provenientes de las instituciones reguladoras incluyen las normas específicas o reglas claras para la participación de la policía y el ejército en el proceso electoral. Tanto instituciones reguladoras como las instituciones de seguridad deben poner a disposición del público toda la información no clasificada sobre los planes para desplegar las fuerzas de seguridad, así como la estrategia para la utilización del personal en los centros de votación durante la jornada electoral, incluyendo el número de personas de seguridad que deben estar presentes en cada centro de votación. La policía también debe recopilar información sobre incidentes de violencia electoral y ponerla a disposición del público. Los reportes de incidentes deben ser detallados e incluir el tipo de violencia, la fecha, la hora, el lugar, la(s) víctima(s) el/los responsable(s), el/los testigo(s), el sexo, las edades, la afiliación política, en su caso, y una breve descripción. Por su parte, los datos de las instituciones judiciales deben incluir información acerca de la manera en que se manejan la seguridad electoral y las denuncias de violencia, incluyendo el marco legal, si lo hubiera, y el proceso de adjudicación legal para los incidentes de seguridad relacionados con las elecciones.